De los informes aprobados se destacan los exámenes realizados a las siguientes entidades:

AGENCIA DE GARANTIAS DE DEPOSITOS.

Varias acciones ha realizado la Contraloría a través de la DA1 en la Agencia de Garantías de Depósitos. Entre ellas, el examen especial a las operaciones administrativas y financieras de la AGD por el período del 01-03-03 al 30-09-03, determinándose que los procedimientos de calificación, selección, negociación y adjudicación de contratos no fueron cumplidos de conformidad con la ley, provocando un perjuicio a la entidad, y en consecuencia a los depositantes.
La Gerencia General de la AGD, favoreció al abogado contratado, porque en contra de expresas disposiciones legales y reglamentarias le concedió el contrato y addendum.

Como consecuencia del examen especial al proceso de determinación y pago de la garantía de depósitos; recaudación, uso y destino de los aportes del 6.5 por mil, provenientes de las instituciones del sistema financiero, la Contraloría determinó, entre las siguientes observaciones: Los resultados de los procesos de realización de activos de las IFI's en saneamiento y de la AGD fueron poco significativos; 1.384 bienes se mantienen pendientes de realización.

La DINAC realizó reevalúo técnico de inmuebles subastados por la AGD, cuyos resultados fueron inferiores a los establecidos por los peritos avaluadores contratados por las IFI's.
Los expedientes de los juicios archivados por los jueces de coactivas no contienen las liquidaciones económicas que demuestren el pago total de las obligaciones, por lo que, al confrontarse la cuantía de los juicios con la información de los montos realmente recuperados, se determinaron diferencias que no fueron justificadas.

El examen especial de Operaciones administrativas y financieras por el período 01/03/03 al 15/08/03 determinó entre otros hechos: No se ejecutaron acciones para la enajenación de activos incautados de propiedad de la AGD, cuyo valor asciende a US$ 3,256,979.94. La venta directa de inmuebles a través de corredores no fue evaluada y monitoreada, tampoco se renovaron los contratos. Durante el período del examen la AGD ha cancelado acreencias a 3.178 clientes por US $26,713.776.15 quedando pendiente US $ 842,873,774.50 de 455.485 clientes.

PETROECUADOR

SISTEMA DE OLEODUCTO TRANSECUARIANO- SOTE
La acción de la Contraloría permitió realizar la comparación entre los volúmenes de crudo facturados por la Gerencia de Oleoducto, con los informes emitidos por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, correspondientes a la Participación de las Compañías en la Producción Fiscalizada, determinándose diferencias por US$364.574,20 en perjuicio del Estado, en el período 1999-01-01 al 2003-08-87
Se realizó también el examen especial al Registro de Transferencias correspondientes a enero del 2001, como cupos de diciembre de 2000 y la incidencia en el pago del bono por gestión operativa o de producción de Petroproducción, practicado por la DA3, que determinó, entre otras observaciones, que no era procedente al pago del bono por gestión.
La Auditoría de Gestión a los procesos de control de comercialización de derivados de GLP en la Dirección de Hidrocarburos, y el examen especial al contrato entre Petroindustrial y la compañía DI.CHEM del Ecuador S.A. para la provisión de 700 t.m. de catalizador para la refinería de Esmeraldas.

Las fotografías muestran varias de las inspecciones de trabajo realizadas por funcionarios de la Dirección de Auditoría 3. Visitando el campamento de REPSOL YPF, bloque 16.  Personal movilizándose desde el Coca a los campamentos de producción petrolera. Inspeccionando el funcionamiento de la estación de bombeo en la cabecera del oleoducto.

Dentro de un Examen Integral practicado a la Corte de Justicia Militar, por la Dirección de Auditoría 1, determinó, entre otras observaciones que los jueces de instrucción incumplen las disposiciones pertinentes en cuanto a la conclusión de los sumarios, por lo que las diligencias, en algunos casos, han demorado hasta cuatro años 11 meses. Revisados los expedientes de casos similares, se han emitido resoluciones diferentes, además se observaron pronunciamientos que no están escritos en la Ley. La Justicia Militar ejerce su jurisdicción aplicando disposiciones desactualizadas que se contraponen a normas constitucionales y legales vigentes. Las remuneraciones de los Ministros jueces y del personal de la Corte de Justicia Militar son superiores a la Escala de sueldos de la Corte Suprema de Justicia, contrariando la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

La labor de control cumplida por la Contraloría en el sector Aduanero ha sido permanente e intensa, cuyos resultados se reflejan en 120 informes con indicios de responsabilidad penal, como consecuencia del examen especial practicado por la Dirección de Control de Ingresos, a los procesos de determinación, recaudación, depósito y registros de los ingresos por importación de mercaderías ingresadas a través de las empresas curier de la Gerencia Distrital de Aduana de Quito.

La Auditoría de Gestión practicada a las Áreas Operativa, Administrativa y Financiera de Pacifictel al 30 de septiembre del 2003, demuestra que PACIFICTEL se encuentra sumida en grave crisis de corrupción con denuncias en las adquisiciones de bienes y servicios. Un efecto financiero negativo agravado por las pérdidas ocasionadas por los llamados by pass que estarían causando perjuicio económico de 60 millones de dólares anuales.
La institución no cuenta con un Plan Estratégico, planes operativos ni indicadores de gestión que orienten el cumplimiento de la misión institucional. Tiene disponibilidad de líneas, sin embargo la facturación es reducida. No se ha realizado un seguimiento de las categorizaciones a través de la Gerencia de Facturación, lo que ha impedido que se ingrese a la Empresa US 491.496,66 y se sobrefacture US$ 348.959 por consumo de servicio telefónico. La Empresa pagó 2’388.793 por multas a la Superintendencia de Telecomunicaciones por no cumplir con el contrato de concesión.

Como consecuencia del examen a las áreas operativa, administrativa y financiera de Andinatel S.A. al 30 de septiembre del 2003, cuyo informe se aprobó el 16 de junio de este año 2004, se demostró que los Convenios de Interconexión suscritos entre ANDINATEL S.A. y las Empresas de Telefonía Móvil celular, no fueron los más ventajosos para la Empresa, para el país y para los usuarios. Por recomendación de auditoría la entidad ha procedido a regular el subsidio de consumo de los usuarios correspondientes a las categorías A y B. Estas rectificaciones significaron para la empresa aproximadamente 5 millones de dólares y se estima un incremento de 36 millones de dólares anuales, cuando concluya el proceso de recategorización total sugerido por la Contraloría.

Como consecuencia del examen a TAME, se determinó, entre otras observaciones, que la normativa para la concesión de pases, pases anuales vitalicios, tarjetas vip a favor de parientes, funcionarios y ex funcionarios se aparta de las normas de la Ley de TAME. A la sala VIP ingresaron 1860 personas que no son familiares o invitadas de una tarjeta habiente, sin cancelar el valor correspondiente, por lo que la institución dejó de percibir importantes valores
Se concedió préstamos por US$ 2’250.000 abusando de los recursos de la entidad y ocasionando perjuicio económico.

Uno de los exámenes realizado por la Contraloría a las operaciones administrativas y financieras que incluye control de obras de la I. Municipalidad del Cantón Muisne, por el periodo entre el 1 de abril del 2003 y 29 de febrero del 2004, detectó que el Alcalde, Vicealcalde y Tesorero Municipal, se giraron cheques a su nombre, de las cuentas corrientes que el I. Municipio mantiene en los bancos del Pichincha y de Fomento, aduciendo que con recursos de su propiedad han realizado gastos inherentes a las actividades y objetivos de la Municipalidad. La Contraloría evidenció que no se ingresaron a bodega los supuestos bienes, ni se comprobó el uso y destino de los mismos.
Se pagó por limpieza de calles, avenidas, playas y desbroce de caminos vecinales sin dejar constancia de la necesidad de esas obras ni del trabajo ejecutado. Se determinó un perjuicio superior a los 700 mil dólares.