|
FECHA:
JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2008 |
| . |
|
--EL COMERCIO |
|
|
|
Las indemnizaciones
por despido intempestivo no deben ser mayores a USD 60000. Según el
Ministerio de Trabajo, esta disposición -que contempla el Mandato 4-
será el principal cambio del contrato colectivo de Petroecuador. Su
aplicación se dará en el marco del proceso de eliminación de
privilegios del sector público, que aprobó la Asamblea con la
expedición del Mandato 8. El actual contrato de Petroecuador dice
que si un obrero es despedido de forma intempestiva, recibirá una
cantidad equivalente a cinco años de su sueldo mensual, como
indemnización. Frente al anuncio, los sindicalistas rechazaron esta
pretensión. Dijeron que esa cláusula es una garantía de estabilidad
laboral que les permite denunciar las irregularidades en
Petroecuador, sin que existan represalias por parte de las
autoridades. Por su parte, Cano reconoce que se han dado medidas de
hecho pero resalta que se satanizaron sus derechos, sin hacer un
análisis técnico y objetivo de su situación laboral en la empresa
estatal. Como ejemplo cita el caso de los obreros operativos de las
refinerías del país, que están expuestos a enfermedades terminales y
no cuentan con recursos. De ahí que, al contrario de lo que plantea
el Ministerio, Cano aspira a que el contrato colectivo más bien
mejore. El Ministerio, en contraposición, recordó que las
indemnizaciones no será el único tema en revisión y que el contrato
de Petroecuador tampoco será el único que se modificará en este año
(plazo que determinó la Asamblea). |
| . |
|
El golpe a los Isaías remueve las élites 195 bienes del Grupo Isaías son los que tiene orden de incautación de la AGD. |
|
Nadie puede negar
el peso económico, empresarial y político del Grupo Isaías en la
sociedad ecuatoriana, y sobre todo en la guayaquileña. Sus negocios
giran desde lo agrícola hasta lo mediático, con el pull multimedia.
Por eso la incautación de sus bienes a través de la AGD también se
puede mirar como un golpe al poder de las élites de Guayaquil. Las
reacciones de sectores empresariales en esta ciudad han sido
escasas, casi nulas, y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ayer se
mostró cauto en calificar la intervención estatal. Durante un
recorrido de obras por el mercado d eLa Florida, al norte, Nebot no
rechazó la acción contra los Isaías, pero sí a la supuesta posesión
de los medios por parte del Régimen para hacer política. “Si los
señores Isaías deben dinero al Estado que se los cobre hasta el
último centavo, siguiendo los procedimientos legales. Eso no se
discute”. Pero también aclaró que “aprovechar aquello como un
pretexto para tomar posesión y control de canales de televisión y de
radios, con el afán de hacer política desde sus noticieros y de usar
esos medios para hacer aún más atosigante la publicidad
gubernamental, es algo que atenta contra la libertad de expresión y
no está bien”. Jimmy Jairala, ex locutor de TC Televisión y ex
candidato a la alcaldía por el PRE, cree que más que un golpe a las
élites de la ciudad, la acción del Gobierno, es una estrategia de
“meter miedo a varios sectores. Dice que entre esos “están los
medios de comunicación para decirles a ustedes también le puede
pasar”. Para el analista Xavier Flores la ciudadanía percibirá la
acción del régimen como una “acción de venganza y de justicia”.
Esto, luego de que casi diez años después, uno de los temas que más
afectaron a la sociedad ecuatoriana fue el congelamiento de los
depósitos y el feriado bancario. “Más allá de la coyuntura
electoral, la gente verá que por lo menos se está haciendo algo,
porque es una medida que se relaciona con deudas”, dice Flores. |
| . |
|
HOY |
|
Transparencia y control social, a segundo debate El rol de la Contraloría y el de las superintendencias también se discutió |
|
El Pleno conoció
ayer los textos sobre la función de transparencia y control social
que depuraron para la segunda instancia. En escencia, los 11
artículos dan capacidad al Estado para formular políticas de
control, prevención y lucha contra la corrupción. Hablan sobre el
rol que debe desempeñar la Contraloría del Estado y las
superintendencias. Los textos estipulan que los miembros de los
cuerpos colegiados así como los titulares de las instituciones del
Estado, que estén en ejercicio de sus funciones, no podrán
presentarse a los concursos públicos de oposición y merecimiento
convocados para designar a sus reemplazos. |
| . |
|
|
|
El ministro Fiscal
del Guayas, Antonio Gagliardo Loor, dijo ayer que la alcaldesa de
Durán, Mariana Mendieta, mantiene tres órdenes de prisión: dos por
peculado y una por tráfico ilegal de personas, además de un
llamamiento a juicio penal. Hasta Se desconoce el paradero de
Mendieta, quien goza de licencia por 60 días concedida por el
Concejo Cantonal de Durán. |
| . |
|
LA HORA |
|
Rechazan denuncias a Obras Públicas |
|
Las múltiples
denuncias que cayeron semanas atrás sobre el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas (MTOP) no tendrían fundamentos, a decir
del subsecretario de Vialidad, Rubén Bustamante. En diálogo con LA
HORA, el funcionario señaló que las acusaciones responden a una
“intención de hacer daño” por parte del asambleísta Galo Lara, del
Partido Sociedad Patriótica (PSP). En sus intenciones de fiscalizar,
Lara presentó ante la Fiscalía General de la Nación pruebas de que
varios contratos del ‘Plan Relámpago’, el cual ejecuta dicha Cartera
de Estado para remediar los daños que produjo el último invierno, no
habrían cumplido con la Ley de Contratación Pública para adjudicar
las obras a diversas empresas. La Contraloría emitió un documento
que indica que no hubo informes favorables o desfavorables de esa
entidad para concesionar los trabajos. Pero Bustamante dice que
quizás el asambleísta “manejaba los listados iniciales sobre los
costos y las contratistas que, probablemente, todavía no pasaban por
Contraloría”. Y agrega que esos documentos pudieron haber llegado a
manos de Lara cuando el Ministerio aún elaboraba los informes de
ley, pues “cuando nace un proyecto, debido al apuro, no se tiene un
estudio definitivo, pero cuando se lo logra, se lo manda a la Unidad
de Licitación en donde se regulan los costos”, afirmó. |
| . |
|
|
|
Todo el país estará
interesado en conocer los nombres y apellidos de los funcionarios
que, según Informe de Contraloría, pagaron sin sustento legal en
Petroecuador y sus filiales remuneraciones por más de tres millones
y medio de dólares a funcionarios de nivel jerárquico superior,
excluidos de la contratación colectiva. Al amparo de la Ley de
Transparencia se deberían identificar a los 89 ex gerentes y
subgerentes sobre quienes se establecieron glosas que van desde tres
mil hasta 1.3 millones de dólares. En igual forma se deben conocer
los nombres y apellidos de los miembros del Consejo de
Administración que resolvió, en abril de 2001, ampliar los
beneficios socioeconómicos con dinero de los ecuatorianos a esta
gavilla de pícaros. Firma la misiva Econ. Celso Vivar Cárdenas, CI:
1700861899. |
| . |
|
|
|
El Gobierno anunció
ayer que al menos 229 emisoras de radio y televisión están sometidas
a un proceso de reversión de sus frecuencias al Estado por incumplir
la ley de Radiodifusión. El presidente del Consejo Nacional de
Radiodifusión y Televisión (Conartel), Jorge Yunda, indicó en rueda
de prensa que “hasta el momento hay 229 frecuencias de radio,
televisión y operadores de televisión por cable de los que ya se ha
iniciado los procesos de reversión”. Yunda explicó que, incluso, la
Contraloría del Estado ha solicitado que se revise la renovación de
las concesiones a un total de 354 emisoras, que se presume han
trasgredido la ley de Radiodifusión. Además, indicó que otras trece
emisoras, además de Radio Sucre, clausurada el lunes por operar en
otra frecuencia a la establecida, podrían seguir el mismo camino.
Precisó que el Conartel no ha renovado la concesión a las emisoras
Radio Futura, de la provincia de Pichincha; Águila, Cupido y Sucre,
de Guayas; CC 98.9 y San Felipe, de Manabí; La Voz de la Península y
Pacífico, de Santa Elena; Dinamita 1000, La Voz de la Frontera, Luz
y Vida, Matovelle FM y Matovelle 720 AM, de Loja. |
|
. |
|
UNIVERSO |
|
354 señales de radio y TV son revisadas por Conartel |
|
El Consejo Nacional
de Radiodifusión y Televisión (Conartel) tiene en análisis a 354
frecuencias porque considera que fueron mal asignadas, entre el 1 de
enero del 2003 y el 30 de mayo del 2005. En medio de esa revisión
constan las televisoras de cobertura nacional: RedTeleSistema,
Telerama, Ecuavisa y Teleamazonas. A otras 229 frecuencias se les
inició el proceso de reversión por encontrarse en mora, con
incumplimientos técnicos o por otras causales; y 14 más no se
renovarán por no cumplir con los requisitos, dijo Jorge Yunda,
presidente del Conartel. El proceso administrativo que enfrentan
estas 597 frecuencias es el resultado de algunos exámenes realizados
por la Contraloría General. Varios canales están entre los procesos
administrativos por distintas causas. Quinientas noventa y siete
(597) frecuencias asignadas por el Estado a distintos medios de
comunicación están a un paso de salir del aire si el Consejo
Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel) concreta los
procesos administrativos que sigue en su contra. Las determinaciones
son el resultado de las auditorías efectuadas por la Contraloría,
informó el Conartel. Del total de frecuencias, 354 están en análisis
por el Consejo debido a que considera que fueron mal asignadas por
los funcionarios que estuvieron entre el 1 de enero del 2003 y el 30
de mayo del 2005. Pero en medio de esa revisión constan tres
televisoras de cobertura nacional: RedTeleSistema, Telerama,
Ecuavisa y Teleamazonas, esta última ha sido señalada por el
presidente Rafael Correa como vinculada a la banca. A otras 229
frecuencias se les inició el proceso de reversión por encontrarse en
mora, con incumplimientos técnicos o por otras causales de
devolución; y 14 más no serán renovadas por no cumplir con los
requisitos, dijo ayer Jorge Yunda, presidente del Conartel. Una de
las emisoras a las que no se le renovará es radio Sucre, que fue
clausurada la madrugada del martes porque estaba operando a través
de una frecuencia diferente a la establecida en el contrato. Según
Yunda, para que el concesionario tenga derecho a la renovación se
requieren dos requisitos: el informe de la Superintendencia de
Telecomunicaciones y el informe de la Tesorería del Conartel,
indicando que no tengan multas. Esa radio no cumplió con el primer
requisito por la operación en frecuencia diferente a la otorgada,
dijo el funcionario. De acuerdo con el Conartel, el proceso
administrativo que enfrentan las 597 frecuencias es el resultado de
algunos exámenes realizados por la Contraloría General; el último
aprobado el 6 de noviembre del 2007. En ese último documento la
Contraloría efectuó 60 recomendaciones, de las cuales, 57 ya se han
cumplido, según el Conartel, y consecuencia de esa obediencia
resultaron las reversiones de las 229 frecuencias de radio,
televisión y servicios de comunicación por cable. El último informe
de Contraloría establece que el Consejo concesionó frecuencias tanto
de matrices como de repetidoras “sin que existan los respectivos
informes favorables del área técnica y legal de la
Superintendencia”. Además, revela el solicitante, no cumplía con los
requisitos establecidos en la ley y el reglamento de radiodifusión y
televisión. A eso se suma que existían continuas prórrogas de tiempo
para presentar requisitos, suscribir contratos, e instalar y operar
estaciones de radio y televisión. |
| . |
|
Canciller llama a cónsules por irregularidades |
|
El Ministerio de
Relaciones Exteriores quieren aclarar en el menor tiempo posible
cuál fue el destino de los más de 100 mil euros ($185 mil) que al
parecer desaparecieron de las cuentas del Consulado en Madrid. La
canciller María Isabel Salvador se reunió el martes pasado en Quito
con los funcionarios que desde enero del 2004 ocuparon el cargo de
cónsules en la capital española. Entre tanto, la Contraloría ultima
el análisis del informe de la unidad de auditoría de la Cancillería
en el que se detectaron presuntas irregularidades en el manejo de
los recursos. Las indagaciones se emprendieron a petición del
embajador en España, Nicolás Obando. En el informe de auditoría no
se establecen responsables directos y según fuentes de la
Cancillería, hasta el momento se detectaron fallas administrativas,
donde está involucrada la ex encargada financiera del Consulado,
Katiuska Toala. Los auditores arribaron a Madrid a fines de marzo y
en abril examinaron la contabilidad desde enero del 2006 hasta
febrero del 2008. Toala, quien ingresó al Consulado en la época del
canciller patricio Zuquilanda, desapareció tres días antes de la
auditoría. Gustavo Mateus, actual cónsul, dijo que el déficit es
producto de “errores operacionales” y para justificarlo envió a la
Contraloría siete libros contables con el detalle de los gastos
hechos. |
| . |
|
EXPRESO |
|
229 frecuencias en proceso de reversión Conartel alega incumplimientos |
|
El Conartel inició
el proceso de reversión de 229 frecuencias, en todo el país. Jorge
Yunda, presidente del Conartel, explicó que dichas frecuencias
pertenecen a varias radios, televisoras y operadoras de cable. La
razón es que no han cumplido con las obligaciones establecidas en la
Ley de Radiodifusión y Televisión. Según Yunda, de las 229
frecuencias en proceso de reversión, algunos medios no han pagado
los valores correspondientes por el uso de frecuencias y otros están
violando el reglamento, al utilizar frecuencias que no han sido
asignadas a esos medios. Además, basado en un informe de la
Contraloría del Estado, el Conartel inició un proceso de revisión de
la renovación de los contratos realizados con radios y televisoras,
entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de mayo de 2005, por
incumplimiento del reglamento de radiodifusión y televisión. La
Contraloría recomienda que “previo a la renovación de un contrato de
concesión y a la emisión de una resolución de autorización, se
verificará que los concesionarios hayan cumplido con lo dispuesto en
la Ley de Radiodifusión y comprobará, en los casos que corresponda,
el estricto cumplimiento del contrato que concluye y que no hayan
incurrido en faltas recurrentes, cosa que no se hizo en ese
período”. En esa situación están Teleamazonas, Americavisión, Andina
FM, Andivisión, Asomavisión, Cablevisión, Cadena Ecuatoriana de
Televisión, Teleandina, Caravana, JC Radio, HCJB, Radio Católica,
Sonovisión, Radio Atalaya, Telesistema, Telerama, Tropicana, Univisa,
Radio Upano, Radio Vigía, Visión de Manta, Latina FM, Colón FM,
Ondas Quevedeñas, entre otros medios de comunicación. (MAB) |
| . |
|
Participación, el logro de la Mesa 2 La Asamblea plantea dos nuevas funciones para el Estado: Electoral y Control Social |
|
El fortalecimiento
de la democracia participativa y el impulso al papel ciudadano son
los grandes logros de la Mesa (2) de Participación en su labor
constituyente. El presidente del organismo, Virgilio Hernández (PAIS),
explica que esas premisas se vieron plasmadas en los textos de
Función Electoral, Participación y Función de Control Social.
Respecto al primer aspecto, se eliminó la “partidización” en el
nombramiento de los miembros del máximo organismo electoral,
actualmente el TSE. En cuanto a la participación, se legitima que la
organización social puede intervenir en tareas de mediación de
conflictos y asuntos de interés público. Asimismo, se garantiza la
acción ciudadana para que se puedan emprender “acciones frente a la
autoridad e impedir que se vulneren los derechos”, afirma el
asambleísta. En ese sentido se reconoce constitucionalmente a los
consejos consultivos y asambleas ciudadanas. Todos estos aspectos
son aplaudidos en su mayoría por el asambleísta César Rohón (PSC)
quien afirma que en los capítulos de Participación y de Derechos
Políticos “se abre la posibilidad de que la gente se involucre” en
consultas y procesos de revocatoria. Asimismo, destaca, se reconoce
y garantiza el derecho a la oposición. No obstante, rechaza “la
discriminación” en la revocatoria del mandato para funcionarios
públicos y para el presidente. En el un caso se requiere la mayoría
de votos y para el otro, la mayoría de votos válidos. |
| . |
|
Padilla devolvió el dinero Pago a la AGD |
|
Oswaldo Padilla, ex
gerente (e) de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), podría
reintegrarse a la entidad luego de que devolvió los 66.299,16 que
había recibido como liquidación. La Secretaría Anticorrupción de la
Presidencia confirmó que Padilla hizo un depósito con el dinero en
una cuenta del Banco del Pacífico. Y ahora cumpliendo con la oferta
del secretario anticorrupción, Alfredo Vera, podrá volver a ocupar
el puesto que mantenía en la AGD. Antes de encargarse de la gerencia
era el jefe de coactivas. |
| . |
|
EL TELÉGRAFO |
|
Correa: “Firmas o te vas” |
|
El lunes, a las 20:00, el ahora ex ministro de
Finanzas, Fausto Ortiz, estaba reunido, en Guayaquil, con directivos
de El Telégrafo cuando recibió una llamada del presidente Rafael
Correa, quien le decía que debía ir de urgencia a Quito. Ortiz llegó
al Palacio de Carondelet pasadas las 21:00 y se encontró con la
extensa reunión donde se decidió dar paso a la incautación de bienes
de los hermanos Isaías. Allí estaban los ministros coordinadores del
Gobierno, el secretario de la Administración, Vinicio Alvarado; las
cúpulas de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), de la Policía
y de las FF.AA, el ministro de Defensa, Javier Ponce y otros
funcionarios de alto rango, entre ellos los titulares de los demás
organismos del Estado: Corte Suprema, Tribunal Constitucional,
Tribunal Supremo Electoral, Fiscalía General, Contraloría General y
todos los superintendentes. Según fuentes presentes en la reunión,
Ortiz fue comunicado por el presidente Correa de que debía, por su
condición de miembro nato del directorio de la AGD, firmar el acta
de resolución donde se ordenaba la incautación de los bienes. Pero
Ortiz se negó a firmar el documento. El delegado del Ministro podría
firmar el documento, pero querían la firma de Ortiz “para darle más
peso a la resolución”, comentaron fuentes que presenciaron el hecho.
El jefe de Estado insistió: bueno, firmalo. Y Ortiz se rehusó.
Entonces, Correa le dijo: “Firmas o te vas”. Y Ortiz optó por irse.
Esta versión también fue recogida por el diario español El Mundo.
Fuentes de la Superintendencia de bancos y la AGD informaron que
había el menos dos puntos de discordia previos entre el Gobierno y
el ministro Ortiz. |
|
TELEVISIÓN |
|
|
|
El Consejo Nacional
de Radiodifusión CORNATEL, insiste que el contrato de concesión con
Radio Sucre termino en el año 2003, y no va a ser renovado, y además
se estudia la reversión de 229 frecuencias de radio. El Gobierno de
su parte sacará del aire a más de una docena de radios que no
renovaron la concesión por irregularidades sen sus concesiones. De
su parte Jorge Yunda titular del CORNATEL manifestó “ A decir del
Procurador, esta sanción no trata de que nosotros podamos ver la
sanción si no se trata de una no renovación de un contrato por
responsabilidad de los concesionarios por cuanto no es
responsabilidad del Estado. Las radios que no renovan las
concesiones son: La Voz de la Península en Santa Elena, Radio Cupido
en Guayaquil, Luz y Vida en Loja, Satélite en el Carmen y Futuro
Quito en la Capital entre otras. En el caso de Radio Sucre el
contrato de concesión habría terminado en el año 2003 “ Lo que se
dice de que Radio Sucre ha cerrado por decisión del Estado no lo es,
por que el Estado no decide si cierra o renueva una concesión,
Mientras tanto un informe de Contraloría pone contra la pared a 229
radios por no estar al día en los pagos y por no cumplir en las
especificación técnicas “ Hasta el momento hay 229 frecuencias de
radio, televisión y operadores de cable que han iniciado el proceso
para reversión al Estado de estas frecuencias”. |
| - |
|
|
|
El Gobierno podría
dejar fuera del aire a un centenar más de medios de comunicación,
incluidas algunas estaciones de televisión críticas de las
ambiciones socialistas del Ejecutivo, si prospera una investigación
sobre una serie de irregularidades administrativas. Dentro del
proceso, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel)
anunció este miércoles que inició la reversión al Estado de más de
200 frecuencias de radio, televisión y operadores de cable por
varios motivos, entre ellos no pagar puntualmente tasas, renovar
contratos sin cumplir requisitos legales o carecer de informes
técnicos para sus concesiones. La medida, que incluye investigar a
otras 354 frecuencias, en manos de grandes canales de televisión de
cobertura nacional, se conoce un día después de que el Gobierno
incautara dos estaciones de televisión privadas para cubrir las
deudas dejadas por una quiebra bancaria. Correa mantiene frecuentes
polémicas con los medios de comunicación, que han criticado su
estilo confrontativo a la hora de implementar su plan para dar al
Estado un mayor control sobre la economía. "Se inició el proceso de
reversión hasta el momento de 229 frecuencias de radio, televisión y
operadores por cable y están siendo analizadas en las sesiones otras
354 frecuencias y el Consejo decidirá", dijo el presidente del
Conartel, Jorge Yunda, a periodistas. Yunda explicó que las
revisiones a las frecuencias fueron iniciadas tras recomendaciones
técnicas y legales de la Contraloría del país. De pasar a manos
estatales, las frecuencias deberán ser licitadas a otras firmas
privadas. La investigación de las frecuencias incluye las de las
cadenas de televisión Telerama, Telesistema y Teleamazonas, esta
última una fuerte crítica de Correa. Mientras tanto, los dos canales
que este martes fueron incautados por la AGD mantuvieron este
miércoles su programación normal e, incluso, transmitieron sus
respectivos informativos en los horarios regulares. Los empleados de
los canales TC Televisión y Gamavisión trabajan con normalidad,
aunque las sedes de ambos siguen con resguardo policial, aunque
menos numeroso que ayer cuando durante la madrugada fueron ocupadas
las instalaciones. Un delegado del Ministerio de Trabajo llegó hasta
las instalaciones de TC Televisión, en Quito, con el fin de
tranquilizar a los empleados de ese canal y asegurar que sus
derechos laborales están garantizados. Empleados de Gamavisión
consultados por Efe indicaron que poco a poco vuelve todo a la
normalidad y desarrollan sus actividades lo más regularmente
posible. En ese canal, por ejemplo, se reanudó al mediodía la
transmisión de noticieros. La AGD incautó este martes 195 empresas
del grupo económico Isaías por la deuda que los ex accionistas del
cerrado banco Filanbanco, según esa entidad, mantienen con el Estado
tras la crisis bancaria de 1999. La Junta Bancaria sostiene que el
"hueco patrimonial" asciende a 661,5 millones de dólares y la AGD
opina que será muy "difícil" que se recupere esa cifra con los
bienes incautados ayer. Carlos Bravo, gerente de la AGD, subrayó hoy
que la medida se suscribe en un proceso judicial por temas bancarios
y no está relacionada con un supuesto intento de coartar la libertad
de expresión, como ha denunciado entre otros la Asociación
Internacional de Radiodifusión (AIR) y negado por el Gobierno. Las
empresas del 'Grupo Isaías' integran uno de los conglomerados
económicos más importantes del país con negocios comerciales,
inmobiliarios, agro-industriales, petroleros y de medios de
comunicación, según el SRI. El 'Grupo Isaías' se ubica en el puesto
34 dentro de los 50 grupos económicos más grandes de Ecuador
identificado por el SRI, indicó Ecuavisa. El SRI registra 195
empresas de ese grupo que, en total, reportaron ingresos de 103
millones de dólares en 2006 y 117 millones el año pasado, así como
un pago por Impuesto a la Renta de 2,9 millones de dólares en los
dos años. De esas empresas, las más grandes son TC Televisión,
Gamavisión, Sociedad Industrial y Comercial, Petromanabí, una
productora de alcoholes y una distribuidora de repuestos de
automóviles. "La posesión y control de canales de televisión y
radios con el afán de hacer políticas y de usar esos medios para
hacer aún más atosigante la publicidad gubernamental es algo que
atenta contra la libertad de expresión", dijo el opositor alcalde de
Guayaquil, Jaime Nebot. Las empresas dueñas de las frecuencias que
entraron en proceso de reversión al Estado pueden apelar la decisión
del ente de control, pero Yunda no especificó si esa acción frenaría
el proceso. La investigación sobre las frecuencias arrancó en 2005,
pero fueron interrumpidas. En una medida distinta, el Conartel
igualmente autorizó sacar del aire a otras catorce emisoras por no
cumplir con una serie de requisitos, incluida radio Sucre, una de
las más tradicionales de Guayaquil y que fue clausurada el lunes.
Los directivos de la radio mantuvieron una polémica con Correa al
cuestionar el aumento de la inseguridad en la ciudad portuaria,
capital económica del país. |
| - |
|
|
|
En este articulado
se establece como objetivo para la creación de esta nueva función
que la ciudadanía fortalezca sus capacidades de control social
sirviendo como apoyo para enfrentarla corrupción. Este articulado
que constaba de 14 artículos fue reducido a 11 y 3 disposiciones
transitorias, en el se considera al pueblo como el mandante y primer
fiscalizador del Estado y estará conformada por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo,
la Contraloría General del Estado y las Superintendencias,
organismos cuyas autoridades serán electas mediante concursos de
mérito y oposición con veeduría ciudadana. |
| - |
|
- |